Sanciones ejemplarizantes para los que incumplan leyes ambientales

Pepe Cruz, ambientalista, expone que aunque nuestra Constitución de 1999 por primera vez en la historia estableció derechos y principios ambientales, ya han transcurrido 18 años, por lo que nuestra Carta Magna debe ser perfeccionada, para cumplir con el Quinto Objetivo del Plan de la Patria, que ha sido aprobado por el pueblo durante dos ocasiones.

Los artículos 1, 2, 11, 15, se establece la integridad territorial, y soberanía plena, pero se menciona de manera general los derechos ambientales, por lo que sugiere añadir un capítulo que le de un rango especial a los derechos de la Madre Tierra e insiste en establecer sanciones ejemplarizantes para quienes incumplan con sus obligaciones ambientales.

Mientras que en Estados Unidos las empresas tienen derechos humanos, propone que bajo el humanismo bolivariano se le concedan derechos constitucionales a la Madre Tierra.

El activista por los derechos ambientales considera que el capítulo 9 de la Constitución sobre los Derechos Ambientales, debería ser reforzado de manera que se establezca una obligatoriedad en el respeto de los deberes ambientales, como por ejemplo realizar el estudio del impacto ambiental, el cual hasta ahora no ha sido debidamente acatado.

La actual redacción de este articulado deja a la interpretación de los jueces cumplir esta responsabilidad, y hasta ahora la apertura de los expedientes ambientales no tiene la misma prioridad que otros casos como los penales, por esta razón, el promedio de los casos ambientales que llegan a los tribunales ronda el 1%. No así las denuncias ambientales.

Igualmente sucede con el artículo 107 que se refiere a la educación ambiental, el cual no es debidamente acatado, por lo que sigue siendo de poco interés para los docentes. Por esta razón propone establecer su obligatoriedad con un rango Constitucional.

Y acota la importancia de incluir principios para reducir las emisiones de gases que generan el efecto invernadero. Al tiempo que recordó la deuda de masificar el uso de gas vehicular en el parque automotor venezolano, que entre otras ventajas genera un menor impacto ambiental, además que permitiría exportar gasolina y generar divisas para la nación.

Venezuela tiene más de 1 millón 100 mil vehículos, que usan gasolina y gasoil, que contribuyen a la emisión de dióxido de carbono.